Las esperanzas en el centro del mundo

En el año del Bicentenario de la batalla que selló la independencia de Ecuador, se estremecen todas las esperanzas en el centro del mundo.

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La época de la canción épica

La expresión más antisocial del capitalismo es impedir el acceso a la educación. Por ello el reclamo del presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), Mauricio Chiluisa, encabeza la exigencia de un aumento en el presupuesto de la educación y el libre acceso a la universidad. 

“En educación, en un solo año de gestión del Gobierno de Lasso, se ha reducido 113 millones dólares a las universidades y escuelas politécnicas”. Este Gobierno ha dejado en la calle a 90.000 estudiantes, precisa Chiluisa. 

No hay respuestas

Tras la liberalización de los precios de los combustibles, en octubre del 2019, primero se generó un paro de transportistas. Luego un levantamiento indígena y una acción popular.

Casi tres años después del paro nacional de transportistas en Guayaquil, la justicia en Ecuador no ha dado respuesta sobre las víctimas, ni a los familiares de los muertos, como tampoco a los discapacitados por la represión. 

También entonces los estudiantes, trabajadores, gremios sociales e indígenas se sumaron a las protestas, mientras el Gobierno de turno solicitó gases lacrimógenos en calidad de préstamo, a Colombia, Brasil y Perú, atendiendo a acuerdos de cooperación de Ameripol.

La indignación por el paquetazo impositivo del Ejecutivo Nacional ecuatoriano, fue “resuelta” con violencia institucional. Como resultado ocho personas perdieron la vida, 1.340 resultaron heridas y 1.192 detenidos por agentes policiales o militares. Fue la consecuencia preliminar de las protestas masivas, refirió la Defensoría del Pueblo de Ecuador.

Durante las manifestaciones, otras personas sufrieron lesiones físicas permanentes. En su mayoría quedaron ciegos, perdieron un ojo o tuvieron fractura de cráneo, lo que degeneró en discapacidad. 

Las lesiones fueron provocadas por ese mismo tipo de municiones utilizadas, aparentemente no letales, pero matan y cuando menos, destrozan la esperanza de vida. 

En ese contexto, también se revelaron violaciones a los derechos humanos, detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual y ejecuciones extrajudiciales.

La impunidad tiene números. Actualmente, la estadística de la Fiscalía refleja que, de las 743 denuncias relacionadas con esas protestas, sólo 19 han recibido sentencia condenatoria, señala la periodista Mónica Almeida en su investigación.

Para salir del apuro

En asuntos de represión, los aliados se refuerzan entre sí. Al mes siguiente de los hechos descritos, el entonces presidente de Ecuador, Lenin Moreno, realizó el préstamo de gases lacrimógenos y municiones, durante la gestión del Gobierno de facto de Jeanine Áñez. Atendiendo a que necesitaban detener las protestas tras el golpe de Estado de 2019. 

En Ecuador, un grupo de asambleístas comenzaron en su momento un proceso contra el expresidente Lenin Moreno por delitos vinculados con la entrega de material bélico y revelaron los nexos con Colombia.  

El Ministerio de Gobierno comprobó que la administración de Moreno envió un arsenal a Bolivia. “En noviembre de 2019, 5.000 granadas de mano GL-302, 500 granadas de sonido y destello para exteriores, 2.389 proyectiles de largo alcance calibre 37MM y 560 proyectiles de corto alcance calibre 37 MM”. 

De acuerdo con las autoridades del Gobierno, sería catalogado de suma gravedad, de demostrarse el uso del material en la masacre de Huayllani, lo que implicaría un crimen de lesa humanidad.

La indagación previa y un examen especial de la Contraloría General del Estado de Ecuador están en marcha. No se sabe qué saldos hay entre los países que se han prestado ese material, para salir “del apuro” de sus crisis sociopolíticas.

El uso legítimo de la fuerza

Precisamente fue aprobado un proyecto de Ley que regula el Uso Legítimo de la Fuerza, para la Policía, Fuerzas Armadas y de seguridad penitenciaria. Ratificado en el Pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador, con 104 votos a favor y 19 abstenciones.

El debate se centró en torno al derecho a la protesta social pacífica, al solicitar la exclusión de la normativa legal en el control de las manifestaciones.

El asambleísta Ramiro Narváez precisó que el texto propuesto por la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, garantiza el derecho a la resistencia y a la protesta. Igualmente, prohíbe el uso de armas letales en ese tipo de acciones. 

Tampoco autoriza el uso de la fuerza para sofocar las movilizaciones pacíficas, pero aún el presidente Guillermo Lasso tiene 30 días para pronunciarse y según él, la ley es uno de los instrumentos de la estrategia para combatir la creciente violencia e inseguridad en el país.

Preocupación y rechazo

El movimiento indígena muestra su preocupación. Dicen que esa ley podría promover la represión a organizaciones de oposición, quienes están en su legítimo derecho a la protesta social.

Igualmente señalan que pudiera convertir a la Policía en equipos de aniquilación de la disidencia política. En cualquier caso, sería un atentado contra los derechos humanos. 

Varios legisladores del movimiento Pachakutik, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) intervinieron en su aprobación, lo que provocó reacciones de impugnación. 

Al respecto, la Conaie emitió un comunicado categórico. “Rechazamos que la Ley del Uso Legítimo de la Fuerza se haya aprobado con los artículos 23, 24 y 25 que hacen referencia al uso de la fuerza en manifestaciones o protestas sociales”.

El artículo 23 señala que, en casos excepcionales, puede ser autorizada la técnica de la dispersión por la autoridad competente. El objetivo sería evitar una amenaza o un grave peligro para la vida e integridad física de las personas. Al mismo tiempo, dice que esta técnica de dispersión, como mecanismo de gestión, está prohibida.

Igualmente, el artículo 24 establece los estándares mínimos en contextos de protesta social. Determina el papel del Estado ante las manifestaciones, define el derecho de reunión y hasta el funcionamiento de la vigilancia ciudadana. 

El movimiento político Unión por la Esperanza (UNES) manifestó que intentaron cambiar los artículos con ambigüedades acerca la protesta social.

Definitivamente, la UNES cree que la ley pueda ser utilizada en contra de los líderes sociales, que se enfrentan a las políticas neoliberales.

Junio

La resistencia es aprendida ante siglos de ignominia. 

Entre tanto, el actual presidente Guillermo Lasso exponía ante el Parlamento los resultados de su primer año de Gobierno, el líder Leonidas Iza convocó a una movilización nacional indefinida.

“Vamos a la movilización nacional indefinida desde el lunes 13 de junio. Vamos al levantamiento del Inti Raymi, a recordar esa gesta de la lucha histórica, que dieron nuestros taitas (padres) y nuestros abuelos en 1990”, dijo Iza, presidente de la Conaie.

La Conaie, que nació como una plataforma antineoliberal, insiste en las reivindicaciones y conmemora el levantamiento del Inti Raymi. La fiesta del Sol es una ceremonia andina, que se celebra en honor del dios Sol (Inti) durante el solsticio de junio.

El levantamiento del 4 de junio de 1990, protagonizado por el movimiento, marcó el inicio de la insurrección indígena en Ecuador.

Tras una movilización nacional durante diez días, realizaron una marcha desde las provincias amazónicas, al este y de la zona andina, al centro del país. De esta forma, ejecutaron el cierre de las carreteras.

En respuesta a sus exigencias, obtuvieron del Gobierno de Rodrigo Borja -1988-1992- la entrega gratuita y legalización de miles de hectáreas de tierras.

Sigue siendo parte de la plataforma de lucha de Conaie para alcanzar toda la justicia. Obtener una moratoria -por un año- para los créditos otorgados a los campesinos, la titularización de tierras para pueblos y nacionalidades. Igualmente rechazan la privatización de los sectores estratégicos de la economía nacional.

Actualmente, Iza llamó a los campesinos, ganaderos, montubios, arroceros, maiceros y bananeros para sumarse a la movilización, junto a los sindicatos de trabajadores y a los transportistas.

Insisten en que el Estado debe democratizar la riqueza y garantizar los medios de producción a los sectores que sostienen la economía del país. 

Para exigir respuestas, los productores del primer país exportador mundial de banano se sumaron a la movilización. El Gobierno debe responder ante la grave crisis que atraviesa el sector, indicaron. 

Una crisis múltiple

Los problemas sociales son cada vez más complejos. Se reconoce que Ecuador retrocedió diez años en niveles de pobreza, agravado por la crisis de la Covid-19 y su mal manejo. Sin ser la causa, el virus encontró una sociedad indefensa y agudizó brutalmente sus miserias. 

Según reveló un estudio de investigación de la ONG Donum, titulado Covid-19, la tragedia de los pobres, también exacerbó otros indicadores como el desempleo.

En medio de una crisis múltiple y la falta de respuestas solidarias a los problemas sociales, no es posible sorprenderse ante la reacción pública.

La crisis de salubridad en el sector popular ahora se proyecta al derecho a la educación. También a la destrucción ambiental, la contaminación y el extractivismo. Con un “Estado casi quebrado”, que dejó Lenín Moreno (2017-2021),  el actual presidente Lasso ha expresado que recibió un país al borde del abismo, sin funcionamiento del servicio público. 

Cuando el Estado se hace dueño de la principal riqueza de un país, corresponde preguntarse, quién es el dueño del Estado, dice bien claro el escritor Eduardo Galeano en Las Venas Abiertas de América Latina.

Para nadie es un secreto que la clase privilegiada, la derecha política de Ecuador o sea, la misma élite empresarial, fue quien sostuvo y preparó el terreno para formar el poder siguiente. Es el mismo bloque unido que sustentó a Lasso en el 2021 y contribuye al control del Estado.  

Los resultados económicos y sociales del Gobierno de Rafael Correa (2007-2017) quedaron documentados en Ecuador y en los informes internacionales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), por lo que Lasso, en su primer informe al Parlamento, no lo alude directamente. Para qué. 

Sabe bien que se anticipan nuevas complicaciones sociales. Ecuador anda con niveles de pobreza total del 35 por ciento y de pobreza extrema en el 15 por ciento, como en 2010.

Unos 2.400 millones de dólares de ingresos podrían ser generados al aplicar un impuesto del cinco por ciento, al patrimonio de los 300 grupos económicos más poderosos de Ecuador. Ello paliaría el hambre y tendría un efecto directo sobre las desigualdades más evidentes, pero eso no va a ocurrir.  

La crisis derivada del paquete neoliberal y la pandemia, produjo la mayor contracción económica de la historia de Ecuador.  Más grande que la crisis bancaria de 1999. En aquella ocasión se redujo el Producto Interno Bruto (PIB) al 4,7 por ciento. Después de la pandemia, ese indicador cayó al 7,8 por ciento.

El Banco Central estima que desaparecieron 532.000 empleos durante la pandemia y hubo pérdidas por 12.791 millones de dólares en el sector productivo. 

Con una población de casi 18 millones de personas, a Ecuador la habitan 14 nacionalidades que derivan en una mezcla intensa, con un millón de personas reconocidas como indígenas ecuatorianos.

La resistencia de los pueblos ha derribado a tres presidentes en el centro del mundo: 1997, 2000, 2005, pero no se sabe bien lo que viene adelante. Es como una nebulosa en esta parte de la desangrada América de venas abiertas.

Hace 200 años los pueblos latinoamericanos fueron la combustión del sistema productivo colonial, alimentando su avaricia contra el hambre de las mayorías.

200 años después

Cómo se vincula aquel pasado histórico con el presente, cuando 200 años después, continúan latentes los ideales de libertad, soberanía y justicia. 

Recientemente una cabalgata de soldados ecuatorianos, ataviados con los uniformes alegóricos a aquel proceso de independencia colonial, llegó hasta donde se libró la Batalla del Pichincha de 1822. En la Cima de la Libertad, al oeste de Quito.

Los soldados, vestidos con casacas azules y charreteras doradas, forman parte de la actual Escolta Presidencial y hacen guardia en el Palacio de Carondelet, del viejo centro de la capital ecuatoriana. Allí donde se gesta el Gobierno por el cual votaron los ecuatorianos, con el deseo de cerrar un ciclo de indolencia asfixiante, que aún no se cumple.

Mientras evocaban la gloria del triunfo y rememoraba la historia, la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, señaló que “este sigue siendo un Estado en ciernes. Se sigue hablando de la definitiva independencia, que buscan nuestros pueblos. Por lo tanto, el recordar el pasado, el entender cómo el Ecuador se constituyó en estos 200 años, nos permite proyectarnos hacia el futuro”.

La esperanza de Ecuador reside en la dignidad de su pueblo, que sigue en busca del sueño bolivariano.

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